El pasado mes de diciembre se publicó en el BOE la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El informe de “lucha contra la corrupción de la UE” emitido por la Comisión Europea el 3 de febrero del presente, indica que la Ley supone un importante paso adelante pero que no ha previsto garantías suficientes para la independencia de su mecanismo de control independiente, y podría haberse dado más consideración a la mejora del régimen de sanciones y a la limitación de las excepciones al principio de acceso a la información. Además critica que su entrada en vigor se ha pospuesto dos años en algunas administraciones, especialmente administraciones regionales y locales.
En todo caso el informe recomienda implementar medidas para fortalecer la Ley de Transparencia española adoptada en diciembre de 2013, y alinearla así con las medidas por las que la sociedad civil ha estado haciendo campaña.
El objeto de este seminario es analizar los “claro-oscuros” de esta Ley cuyo triple alcance es el siguiente: (i) incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de “publicidad activa”; (ii) reconocer y garantizar el acceso a la información como un derecho de los ciudadanos y (iii) establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
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